Venezuela y Colombia, focos de represión y violencia contra defensores
En pleno abril de 2026, Amnistía Internacional ha subrayado que “Colombia y Venezuela son dos de los países más peligrosos del mundo para defender los derechos humanos” por motivos distintos pero convergentes: en Colombia, la violencia armada, y en Venezuela, un sistema de represión estatal que socava el espacio cívico, lo que agrava aún más la ya grave crisis venezolana (elpais.com).
En Venezuela, la represión institucional no cesa. Amnistía Internacional reporta más de 806 detenciones arbitrarias registradas en 2025, con más de 400 personas aún privadas de libertad hasta la primera parte de 2026 (elpais.com). Adicionalmente, existen al menos 63 personas desaparecidas forzosamente, víctimas de mecanismos de vulneración que incluyen al sistema judicial y cuerpos de seguridad, en un patrón documentado como ataque sistemático (amnesty.org).
Esta dinámica autoritaria se refleja también en las cárceles venezolanas. En Yare III, un motín ocurrido el lunes 21 de abril dejó cinco presos muertos; entre ellos, hay presos políticos que aún no han sido beneficiados por la controvertida ley de amnistía, lo cual expone la fragilidad de cualquier garantía mínima en materia de derechos humanos en el régimen chavista (elpais.com).
La ley de amnistía aprobada recientemente por la Asamblea Nacional ha suscitado críticas por su alcance limitado y discrecional. A finales de febrero, se habían presentado más de 1.500 solicitudes, pero apenas un número menor de detenidos —91 reportados por Foro Penal hasta el 24 de febrero y alrededor de 50 según la Misión de la ONU— habían accedido a la libertad (lemonde.fr). Por otra parte, otras fuentes reportan más de 2.000 beneficiarios, lo que revela incoherencias y falta de información transparente (huffingtonpost.es).
Algunos defensores relevantes fueron liberados en los primeros meses de 2026: Xiomara Ortiz —detenida desde octubre de 2025— quedó en libertad el 11 de marzo; Kennedy Tejeda fue excarcelado el 25 de enero, tras más de un año detenido; y Naomi Arnaudez salió en libertad el 8 de febrero (es.wikipedia.org). Sin embargo, estas liberaciones puntuales no mitigan la persistencia de los patrones represivos que el régimen chavista mantiene desde por lo menos julio de 2024, y que incluyen detenciones arbitrarias, tortura y desapariciones forzadas —ni como excepción ni como excepción— sino como componente central del modelo autoritario (hrw.org).
La transición política tentativa que se desató tras la captura de Maduro el 3 de enero, y el nombramiento de Delcy Rodríguez como presidenta encargada, no ha roto esas inercias autoritarias. La ley de amnistía, aunque promocionada como un gesto conciliatorio, mantiene intacto el entramado legal represivo (lemonde.fr). Asimismo, la muerte de cinco presos en Yare III y la exigencia de respuestas por atentados contra defensores en el exilio, como el caso de Yendri Velásquez y Luis Peche en Bogotá en octubre pasado, reflejan que la violencia se proyecta más allá de las fronteras (elpais.com).
En Colombia, las actuales políticas de “paz total” no ofrecen garantías claras a las víctimas. El informe anual de Amnistía Internacional critica que mecanismos de verdad, justicia, reparación y no repetición “seguían sin estar claros durante 2025”, lo que alimenta la crisis humanitaria en curso, con desplazamientos masivos y miles de afectados, especialmente entre campesinos, indígenas y afrodescendientes (infobae.com).
Este panorama exige una reflexión sobre las profundas implicaciones que tienen estos patrones autoritarios y violentos en la región. En Venezuela, el sistema reprime disidencia, asfixia a las defensoras y defensores, controla el sistema judicial y generaliza el uso de leyes punitivas para silenciar. El resultado es una crisis venezolana multidimensional en materia de derechos humanos, justicia y libertad, con efectos transfronterizos ante el desplazamiento masivo. En Colombia, mientras la violencia armada subsista sin garantías claras de reparación ni control institucional, el espacio para defender derechos seguirá siendo inhóspito.
La articulación editorial de Abajo Cadenas se alinea con estas evidencias: el régimen chavista ejerce una represión coherente, estructural y sistemática; hablar de transición democrática sin desmontar los instrumentos de represión es insuficiente; las libertades no se reconquistan mediante leyes de amnistía sin transparencia ni justicia estructural; y la comunidad internacional debe reconocer que los derechos humanos en Venezuela y Colombia no son una abstracción, sino reivindicaciones urgentemente políticas, con rostros afectados, exiliados, desaparecidos y perseguidos. Un cambio real exige desmontar el régimen autoritario, garantizar verdad, justicia y reparación, y proteger a quienes aún defienden lo que el Estado criminaliza.
Fuentes:
El Pitazo — https://elpitazo.net/politica/amnistia-internacional-venezuela-y-colombia-son-los-paises-mas-peligrosos-en-materia-de-ddhh
Amnistía Internacional — https://www.amnesty.org/es/documents/amr53/0685/2026/es/
El País — https://elpais.com/america-colombia/2026-04-21/amnistia-internacional-exige-resultados-en-las-investigaciones-sobre-el-atentado-contra-dos-exiliados-venezolanos-en-bogota.html